Según cifras de la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), el tráfico del transporte de mercancías por los puertos españoles ha caído un 11% durante los primeros ocho meses del año. En algunos sectores, esta reducción ha alcanzado el 20%.
La crisis generada por el incremento de los costes del flete marítimo ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la cadena de suministro internacional.
Múltiples sectores se están viendo afectados por la escasez de componentes y productos. Además, la continuidad de esta situación podría producir un aumento generalizado de la inflación, que afectará tanto a los costes de producción, como al precio final de los productos.
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El sector portuario no es solo uno de los principales termómetros de la economía nacional. También es uno de los catalizadores del crecimiento económico, ahora que la crisis del coronavirus comienza a estar bajo control. Cabe, por tanto, comprobar cuál es su análisis de la situación, así como sus principales solicitudes.
Solicitud de cambio de gobernanza con el sector privado
Esta es una de las reclamaciones más frecuentes por parte de los inversores, así como las asociaciones de cargadores y operadores.
Estos agentes desean que se incremente la presencia del sector privado en la toma de decisiones de las autoridades portuarias.
De hecho, a comienzos de año, la Federación Española de Transitarios (Feteia-Oltra) remitió dos propuestas de enmiendas al anteproyecto de Ley de Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la Ley de Navegación Marítima.
Desde la perspectiva de los operadores portuarios, la actual gestión se centra principalmente en políticas públicas. Sin embargo, desatiende el desarrollo de negocio, desaprovecha las oportunidades brindadas por las nuevas tendencias del mercado marítimo, y no aprovecha el valor añadido generado por el sector privado.
Este debate lleva sucediendo desde hace años. Se trata de elegir entre un modelo articulado por la administración pública, ya sea central, autonómica o local, o bien, comenzar a ceder capacidad de decisión al sector privado.
Margen de descenso en las tasas portuarias de los puertos españoles y ajuste de los fletes
La PIPE ha señalado la necesidad de que el coste de los fletes marítimos sea ajustado urgentemente.
Por otra parte, sus representantes también abogan por una reducción de las tasas portuarias. De acuerdo con sus cálculos, hay un margen de corrección a la baja de hasta un 20%.
Es más, en el reciente foro “Los puertos españoles como clave del desarrollo económico”, organizado por El Confidencial, Herbert Smith Freehills y PIPE, el sector del automóvil puso de relieve la importancia de estas medidas.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) destacó el protagonismo del automóvil en el transporte marítimo. Concretamente, ocho puertos españoles desplazan el 50% de estas mercancías.
Cabe señalar que este sector ha sido uno de los grandes golpeados por la crisis logística.
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De acuerdo con las estimaciones de la PIPE, la reducción de la tasa de ocupación en un 30% permitiría reducir el coste del paso de las mercancías por los puertos españoles. Esto supondría un incremento de la competitividad, y daría la oportunidad a los operadores de reinvertir sus recursos.
En juego, 1.000 millones de euros en ayudas
El pasado mes de julio, los líderes de los países miembros de la Unión Europea aprobaron los fondos Next Generation.
Está previsto que las actividades marítimas sean receptoras de un total de 1.000 millones de euros, provenientes de este programa de ayudas. Sin embargo, aún no hay claridad en torno a los criterios de reparto de estos fondos.
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Marco Estratégico y la modificación de la Ley de Puertos Españoles
El pasado mes de julio, Puertos del Estado y las 28 autoridades portuarias consensuaron el nuevo marco estratégico del sistema portuario español.
Tras múltiples retrasos, dicho marco será aprobado durante el primer trimestre de 2022, a la espera de la tramitación de los fondos necesarios, y su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.
Las líneas estratégicas se articulan en torno a siete criterios de actuación:
- Eficiencia.
- Conectividad.
- Digitalización.
- Innovación.
- Sostenibilidad.
- Seguridad.
- Transparencia.
La mayor parte de las autoridades portuarias se han mantenido en silencio. No obstante, los representantes de algunos puertos catalanes y valencianos han expresado la necesidad de aportar una mayor autonomía portuaria, frente a la administración pública, apostar por la sostenibilidad, y flexibilizar la rebaja de las tasas portuarias.
En este sentido, y ya para terminar, cabe destacar que el sector no parece satisfecho con la reciente modificación de la Ley de Puertos. En opinión de la PIPE, esta reforma normativa no parece tener la voluntad de incorporar los cambios solicitados.
