Según el reciente “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2021”, publicado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), los plazos medios de pago a proveedores, tanto por parte de la Administración Pública, como del sector privado, se redujeron notablemente a lo largo de 2021.
61 días en el sector privado y 72 días en la Administración Pública
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad agrupa a Asociaciones estatales, autonómicas y sectoriales, que representan a cerca de 1 millón de empresas. Sus cerca de 800 encuestas han corroborado que:
- El plazo medio de pago por parte del sector público cayó un 21%, lo que supuso pasar de 77 a 61 días.
- Y el plazo medio en el sector privado se redujo en un 6%, pasando de 77 a 72 días.
Cabe señalar que estas cifras aún están por encima de los plazos de 30 y 60 días que la ley 12/2010 establece para las Administraciones Públicas y las empresas respectivamente. No obstante, suponen un buen indicador de la recuperación económica. Especialmente, tras el incremento de los impagos y los concursos de acreedores de los últimos años.
Por otra parte, el ratio de morosidad también cayó del 5,4% en 2020, al 4,8% en 2021.
Principales factores de reducción de la morosidad
La reducción de los plazos de pago se ha visto favorecida por múltiples factores, entre los que cabe destacar los siguientes:
Aprobación de la ley 12/2010
Ya ha transcurrido más de una década desde el establecimiento de las medidas legales de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Sin embargo, no se puede cuestionar que la reducción de los plazos, así como el establecimiento de un régimen sancionador, han contribuido a controlar la morosidad por parte de la Administración pública y el sector privado.
No hay que olvidar que la citada ley -aprobada en un contexto de crisis financiera y económica sin precedentes- permite reclamar “todos los costes de cobro debidamente acreditados” que el acreedor haya sufrido a causa de la mora.
Ayudas públicas a la liquidez
Por otro lado, la pandemia del coronavirus también supuso la aprobación de un paquete de ayudas públicas destinadas a incrementar la liquidez de las empresas y entes públicos. Tal es el caso de los créditos ICO, así como los fondos de liquidez extra aprobados en favor de las Comunidades Autónomas.
Sirva de ejemplo que el Real Decreto 8/2020 aprobó una línea de cobertura aseguradora de hasta 2 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización. Esta norma también amplió en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto para el Instituto de Crédito Oficial en los Presupuestos Generales del Estado. El fin era facilitar liquidez, fundamentalmente, a PYMEs y autónomos.
Recuperación económica
Finalmente, no podemos ignorar que la economía española ha experimentado una notable recuperación durante el año 2021. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, el PIB nacional creció un 5%. No obstante, aún queda lejos de la caída del 10,8% registrada en 2020.
Tipología de la morosidad en el sector privado
El citado informe de la PMcM señala que el tamaño del negocio o empresa deudora es inversamente proporcional a su diligencia a la hora de hacer frente a sus pagos. Así, los trabajadores autónomos son los que pagan antes, pues tan solo el 16% de las empresas encuestadas señalan su morosidad.
Por su parte, las PYMES también parecen tener un reducido protagonismo en la morosidad, al ser señaladas en el 23% de los casos.
Son las grandes empresas las que, en el 80% de los encuestados, retrasan sus pagos por encima de los límites establecidos por la ley. Concretamente, el 38% tarda entre 60 y 90 días; mientras que el 42% paga pasados más de 90 días.
Tipología de la morosidad en el sector público
En lo que respecta al ámbito público, el 50% de las empresas encuestadas apuntan que la Administración Local es la que más demora sus pagos en un 76% de los casos.
Por otro lado, el 33% de los encuestados señala a los gobiernos autonómicos; y el 19% denuncia los retrasos por parte de la Administración Central.
Perspectivas para 2022
En primer lugar, las empresas se han mostrado conservadoras respecto a sus posibilidades de cobro. El 78% augura que los plazos no variarán durante el presente ejercicio.
Por otra parte, el informe “Perspectiva Económica”, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el pasado otoño, augura un crecimiento del 6,5% del PIB español en 2022. No obstante, en el escenario actual, dicha estimación se antoja demasiado optimista.
Conviene recordar que ya en septiembre del año pasado, la estadística Mercantil del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España reflejó un incremento anual del 86,5% de los concursos de acreedores.
Las tensiones inflacionistas, las dificultades en la cadena logística internacional y el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania plantean un escenario de incertidumbre, cuyas consecuencias sobre la morosidad son aún difíciles de prever.
En consecuencia, es recomendable adoptar medidas de prevención de los impagos y llevar a cabo un férreo control de la morosidad.
