El pasado mes de abril, la Administración de Comercio Internacional americana (ITA, por sus siglas en inglés) emitió un requerimiento a las grandes empresas españolas del sector eólico y estableció aranceles preliminares del 73% en las aduanas de los Estados Unidos.
Esta primera decisión era consecuencia de una investigación realizada entre 2019 y 2020 por parte de la Administración norteamericana, tras las acusaciones de dumping emitidas contra la industria española. Concretamente, se acusaba a Vestas Eólica, Acciona Windpower, Gamesa Energy Transmission, Haizea, Kuzar Systems, Proyectos Integrales y Logísticos S.A.A, Windar Renovables y otras empresas del sector, de estar ofreciendo sus productos a unos precios un 73% por debajo de su coste real.
Cabe señalar que estas acusaciones también afectaron a empresas en India y Malasia.
Rechazo de las acusaciones
Desde la Asociación Eólica Española (AEE), han insistido en rechazar dichas acusaciones, y atribuir sus precios al elevado nivel de competitividad de sus empresas.
El coste del acero utilizado en el proceso de fabricación de las torres eólicas es uno de los sujetos a controversia, debido a su origen chino.
Sin embargo, hay otros factores como la logística, la mano de obra y la mejora de los procesos, los cuales han sido optimizados, hasta convertir a España en un líder mundial.
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Solicitud de formulario de costes
El requerimiento realizado consistió en un formulario de costes, que la mayoría de las empresas se negó a cumplimentar, argumentando que contenía información sensible para la competencia.
Con la excepción de Proinlasa, que sí cumplimentó el formulario de costes, el resto de las empresas del sector han visto confirmado el arancel.
Aplicación y consecuencias de los aranceles
Una vez transcurrido el plazo de 75 días de margen para la toma de la decisión, los aranceles han pasado a ser definitivos.
Los fabricantes de torres eólicas son los más afectados
De facto, el arancel supone la imposibilidad de exportar torres eólicas a los Estados Unidos por parte de las empresas afectadas, como es el caso de Vestas, Siemens Gamesa, Acciona Windpower, Haizea Wind Group. GRI o Windar.
Estas tres últimas se han visto especialmente perjudicadas, al ser los fabricantes y suministradores de torres eólicas, para los grandes agentes del mercado, como Siemens Gamesa o Vestas.
Estos deberán ahora acudir a proveedores en los Estados Unidos, lo cual implicará un aumento de sus costes.
Reorientación a otros mercados
Cabe señalar que Estados Unidos es uno de los principales mercados de los fabricantes españoles de material eólico. Cada año, se facturan alrededor de 2.000 millones de euros.
De acuerdo con las cifras de la AEE, las empresas afectadas representan el 7% de las exportaciones del sector eólico español.
Con el fin de neutralizar esta situación, el sector ha reorientado su producción hacia otros mercados.
Proteccionismo del sector eólico estadounidense
Evidentemente, esta medida favorece al sector eólico norteamericano, que fue el que denunció el dumping español. Empresas como Arcosa Wind Towers o Broadwind Towers ven así anulada gran parte de su competencia.
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ya había expresado abiertamente su voluntad de impulsar el sector nacional, tanto en lo referente a las empresas fabricantes de componentes eólicos, como del acero y la mano de obra utilizados para su fabricación.
La Administración norteamericana ha decidido invertir 12.000 millones de dólares en energía eólica marina, para incrementar su capacidad instalada hasta los 30 GW en la Costa Este.
A priori, las sanciones impuestas a las empresas españolas podrían afectar a la disponibilidad de componentes en el mercado, y el cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, también supone una apuesta a largo plazo por el sector nacional.
