De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, actualmente hay un total de 12 empresas públicas que aún no cuentan con un plan de ahorro energético, tal y como exige el Ministerio de Transición Ecológica.
Solo el 46% de las empresas públicas tiene el plan de ahorro energético exigido por la Administración
Las 12 empresas que carecen del mencionado plan de ahorro son la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), Red.es, Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR). También Enusa Industrias Avanzadas, Instituto de Comercio Exterior (ICEX), Ingeniería de Sistemas para la Defensa (ISDEFE), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Puertos del Estado, Correos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). En su conjunto, representan el 54% de las empresas gestionadas por la Administración pública.
En el otro extremo, se sitúan aquellas empresas públicas que sí tienen prevista la adopción de medidas de ahorro de energía. Tal es el caso, por ejemplo, del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que ha establecido un objetivo de “mejora energética y de reducción del consumo de energía en todos sus inmuebles, tanto los de uso propio como los de su cartera de inversión inmobiliaria, que en muchos casos implican una renovación completa de los mismos”.
Por su lado, la Empresa de Transformaciones Agraria (TRAGSA) declara en los PGE que “Nuestro suministro eléctrico procede de energías 100% renovables con certificado de origen. Fomentamos las instalaciones fotovoltaicas con conexión a red interior para autoconsumo, mejora del aislamiento, la sustitución de luminarias convencionales por LED y compraremos vehículos y maquinaria con criterios de reducción de emisiones”
Evidentemente, la ausencia de planificación en los PGE no imposibilita al resto de empresas públicas la aplicación de medidas de ahorro energético. Sin embargo, la ausencia de partida presupuestaria y mención alguna pone en cuestión la voluntad de estas empresas para abordar dichas medidas durante el próximo año.
Lectura recomendada:
Plan europeo de reducción de la demanda de gas
Conviene recordar que el pasado mes julio, la Comisión Europea aprobó la herramienta “Save gas for a safe winter”. Este plan estableció un conjunto de restricciones, tanto voluntarias como obligatorias, cuyo propósito era reducir el consumo de gas entre el 1 de agosto de 2022 y 31 de marzo de 2023.
De acuerdo con el nuevo Reglamento, la Comisión podría declarar la alerta de seguridad del suministro y aplicar reducciones forzosas, previa consulta con los Estados miembros. Además, los países de la Unión Europea han tenido que actualizar sus planes nacionales de emergencia, incluyendo medidas como la reducción específica de la calefacción y la refrigeración en los edificios gestionados por las autoridades públicas.
Para comprender la motivación de estas medidas, hay que tener presente el contexto de recortes de suministro de gas por parte de Rusia en respuesta a las sanciones europeas por el conflicto en Ucrania.
Lectura recomendada:
Rechazo de la industria española
Cabe señalar que la Alianza por la Competitividad de la Industria Española rechazó la medida, argumentando que una reducción paritaria en todos los países de la Unión Europea no tenía sentido. Criticó también que esto podía llevar a la paralización industrial forzosa cuando no fuese necesario, lo cual agravaría la escasez de productos esenciales.
Diferencias de trato entre el sector público y privado sobre el plan de ahorro energético
Por último, vale la pena destacar que la ausencia de planes de ahorro energético en la mayoría de las empresas públicas constituye una diferencia de trato respecto a las exigencias impuestas al sector privado. De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica ya había manifestado anteriormente un talante más permisivo con las entidades públicas.
Sirva como ejemplo que, durante el mes de agosto, dicho Ministerio estableció un plazo de 7 días para que la hostelería ajustase el control de la temperatura de sus locales y limitase los horarios de encendido y apagado de sus establecimientos. Por el contrario, el plazo establecido para los edificios de la Administración pública fue de 60 días.
