Han pasado más de dos años desde el polémico referéndum en el que los británicos aprobaron, por escasa mayoría, el “Brexit”.
Anteriormente, hemos publicados otros dos artículos al respecto:
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Tras unas duras negociaciones entre la Comisión Europea o el gobierno británico, se logró alcanzar un acuerdo con el que poner fin a cuatro décadas de unión entre las islas y el viejo continente.
Desgraciadamente, este “divorcio” ha presentado complicaciones inesperadas en su recta final.
El acuerdo debe ser aprobado por el Parlamento británico, y es aquí donde el debilitado gobierno de Theresa May ha tenido que afrontar una dura realidad: no cuenta con apoyos suficientes ni siquiera en su propio partido.
El pasado 12 de marzo, la primera ministra británica tuvo que afrontar el rechazo de la cámara de Westminster por segunda vez, con 391 votos en contra, y 242 votos a favor.
Poco antes, May había acudido a Estrasburgo para negociar algunas modificaciones en el acuerdo, especialmente en lo referente a la “salvaguarda irlandesa”, uno de los grandes motivos de preocupación durante este largo proceso.
Qué es la salvaguarda irlandesa
El principal escollo que se ha interpuesto en el “Brexit” ha sido cómo ponerse de acuerdo acerca de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.
La primera es una república independiente que forma parte de la Unión Europea. La segunda es parte integral de Reino Unido, junto a Escocia, Gales e Inglaterra.
En teoría, la salida del Reino Unido de la UE obligaría a establecer una frontera entre las dos irlandas, lo cual podría tener consecuencias políticas y sociales catastróficas.
Desde 1968 a 1998, Irlanda del Norte sufrió un profundo conflicto que enfrentó a los unionistas protestantes –partidarios de mantenerse dentro de Reino Unido-, y la minoría republicana católica, que abogaba por la independencia y posterior anexión a la República de Irlanda.
Por todos es conocido el papel que el grupo armado IRA tuvo durante estas décadas, especialmente el Viernes Sangriento de 1972.
El acuerdo de Viernes Santo, firmado en Belfast en 1998 inauguró un periodo de paz, y estableció la prohibición de frontera alguna entre Irlanda del Norte e Irlanda.
Evidentemente, la pertenencia al mercado común europeo facilitó considerablemente las cosas. El Brexit, por tanto, supone un paso atrás en este sentido.
Con el fin de evitar el incumplimiento del acuerdo de Viernes Santo, se ha propuesto el “backstop” o salvaguarda irlandesa.
Esta salvaguarda implica que Reino Unido permanecerá dentro de la unión aduanera durante d años, tras su salida de la UE. Si tras dicho periodo de transición, no se llega a un acuerdo comercial, Irlanda del Norte permanecerá dentro del territorio aduanero europeo y su mercado interior.
La cuestión es que esta salvaguarda preocupa a los más euroescépticos, puesto que podría abocar a Reino Unido a la ruptura de su integridad territorial, si el futuro acuerdo comercial con la UE nunca se alcanzase.
Cuáles fueron los detalles del pacto de Estrasburgo
El pacto de Estrasburgo tuvo como objetivo disipar estas dudas, enfatizando que la salvaguarda irlandesa tiene un mero carácter temporal, e incluso establece condiciones bajos las cuales el Reino Unido podría solicitar la suspensión de la salvaguarda si considerase que Bruselas estuviese intentando perpetuar el mecanismo indefinidamente.
Qué puede ocurrir ahora
Si se quiere evitar un “Brexit duro”; es decir, una salida de la UE sin acuerdo alguno -y de consecuencias catastróficas, en términos políticos y comerciales-, es imprescindible que tenga lugar una prórroga. Ésta debe ser aprobada tanto por el Parlamento de Westminster como por el Parlamento Europeo.
La voluntad de Estrasburgo es la de favorecer una prórroga breve, para permitir que Reino Unido apruebe toda la batería legislativa necesaria, así como el acuerdo recientemente rechazado.
Sin embargo, no es descartable que tenga lugar una “implosión” del gobierno británico. De ser así, es muy probable que dicha prórroga tenga que prolongarse durante meses, a la espera de la constitución de un nuevo gobierno. El problema, en este caso, es que las elecciones europeas han de celebrarse a finales de mayo. Si Reino Unido no ha abandonado la UE para entonces, tendría la obligación legal de participar y presentar a sus parlamentarios en Estrasburgo.
