El concepto de “Transición Justa” se refiere al impacto que la transición hacia una economía baja en carbono y eficiente en el uso de recursos tiene sobre los trabajadores y las comunidades. Aunque este proceso puede generar nuevas oportunidades laborales y desarrollo económico, también constituye una amenaza para aquellas comunidades que se sustentan en las industrias que son objeto de sustitución o declive.
Impacto sobre los sectores y comunidades
De acuerdo con el informe “Just transition of the workforce, and the creation of decent work and quality jobs”, publicado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) en 2017, la transición hacia una economía baja en carbono tendrá un impacto positivo en aquellos empleos que dependen de servicios en un ecosistema saludable:
- Agricultura (80%)
- Comida, bebida y tabaco (6%)
- Textil (4%)
- Pesca (4%)
Las regiones de África y Asia-Pacífico se verán especialmente beneficiadas.
Sin embargo, hay un total de 1,47 mil millones de trabajadores pertenecientes a industrias que contribuyen al deterioro medioambiental que sufrirán disrupciones. Se trata del 50% de la población trabajadora mundial, por lo que resulta imprescindible abordar una estrategia de Transición Justa.
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Diferencias entre la transición verde y las nuevas revoluciones industriales
Junto con la transición hacia una economía baja en carbono, nuestro mundo también está experimentando una acelerada transición hacia la automatización de procesos y la digitalización global. Sin embargo, los catalizadores de estos cambios, así como sus riesgos y oportunidades son muy dispares.
Estas nuevas revoluciones industriales tienen su origen en el progreso tecnológico y la búsqueda de ventajas competitivas, por parte de las empresas. Sin embargo, la transición ecológica es resultado del empuje de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los inversores responsables y la aprobación de normativas.
En el caso de la digitalización y la automatización de procesos, el objetivo último es el incremento de los beneficios, gracias a una mayor productividad, reducción de costes y mejor control de la calidad. La transición hacia el bajo carbono, por su lado, persigue crear entornos más saludables y compatibles con el control del cambio climático.
Finalmente, ambas transiciones amenazan los empleos de aquellas personas cuyos sectores se vean afectados. Para mitigar esta situación, será necesario que:
- Los Gobiernos apliquen políticas de capacitación profesional, que permita el reciclaje de los trabajadores afectados.
- Las empresas apuesten por entornos de trabajo más flexibles y reestructuren su fuerza de trabajo, apoyando su formación.
Mecanismo para una Transición Justa (MTJ) en la Unión Europea
El Mecanismo para una Transición Justa (MTJ) es una de las medidas adoptadas por la Unión Europea para avanzar de forma equitativa hacia la economía climáticamente neutra. Tiene previsto movilizar un total de 100.000 millones de euros en el periodo 2021-2027, mediante tres grandes pilares:
- Un nuevo Fondo de Transición Justa, de 40.000 millones de euros, que prevé generar entre 89.000 y 107.000 millones de euros en inversiones.
- El régimen de transición justa de InvestEU, que movilizará 45.000 millones de euros.
- El instrumento de préstamo al sector público del Banco Europeo de Inversiones (BEI), dotado con 10.000 millones en préstamos, respaldado por 1.500 millones del presupuesto de la Unión Europea, y que espera movilizar un total de 30.000 millones en inversiones.
Estrategia de Transición justa en España
En 2019, el Gobierno de España aprobó la Estrategia de Transición Justa, la cual constituye uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, junto el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
La Estrategia de Transición Justa se ha articulado en el corto plazo, mediante un Plan de Acción Urgente, para comarcas de carbón y centrales cuyo cierre está previsto para el periodo 2019-2021. Con el fin de vincular a la ciudadanía en dicho plan, se han lanzado procesos de participación, para la elaboración de Convenios en el Principado de Asturias, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia.
