Boletín riesgo país 24/10/2019

Desde el 18 de octubre de 2019, Chile ha experimentado sus protestas más violentas en 30 años. Si bien el desencadenante de las protestas fue un alza de las tarifas del metro en Santiago, las causas subyacentes radican en la elevada desigualdad de rentas (la máxima en los países miembros de la OCDE) y una clase media que lucha por huir de la precariedad, pese al robusto crecimiento económico registrado (+3,1% de media en la última década). En las próximas semanas, los riesgos de saqueo se mantendrán altos y es probable que se produzcan grandes interrupciones en los servicios de transporte y la cadena de suministro. 

Las pequeñas empresas de sectores específicos como el del transporte público, los supermercados y minoristas pueden afrontar problemas de financiación. En consecuencia, el gobierno ha presentado una «nueva agenda social», comprometiéndose, por ejemplo, a aumentar la pensión mínima en un 20%, reducir los precios de los medicamentos para los pobres y garantizar un salario mínimo mensual de 480 USD. Para financiar dicha agenda, el presidente Piñera anunció una subida de tipos del impuesto sobre la renta del 35% al 40% para el colectivo cuyos ingresos mensuales superan los 11 000 USD y un recorte de los salarios de los funcionarios públicos. 

Hasta ahora vemos que el impacto perceptible en la actividad económica nacional es escaso. Sin embargo, las protestas no han cesado y si continúan las huelgas, especialmente en la mina de cobre más grande del país, podríamos presenciar un impacto negativo más sólido en el crecimiento, al igual que en 2017.

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