Recientemente, Euler Hermes –uno de nuestros principales accionistas- emitió su último informe global sobre insolvencias, confirmando una tendencia alcista, que ya comenzó a fraguarse en el 2017.
De acuerdo con sus cifras, el 2018 ha supuesto un incremento del 10% interanual del índice de insolvencias, lastrado por la debilidad macroeconómica de determinados países, la implantación de nuevos procedimientos de insolvencia, y un incremento exponencial de este fenómeno en China.
De forma generalizada, el crecimiento mundial va a experimentar una ralentización a lo largo de 2019, con EE.UU. creciendo un 2,5%, la zona euro a un 1,6%, y Asia a un 4,8%.
Evidentemente, la caída de la demanda pondrá en dificultades a las empresas, especialmente aquellas que cuenten con elevados costes estructurales. Si a esto añadimos una progresiva recuperación de los tipos de interés, y el consiguiente encarecimiento de la financiación, tenemos todos los ingredientes para asistir a un aumento de las insolvencias.
En el caso de España, concretamente, se espera un alza del 2% en las insolvencias, al igual que en sus vecinos y socios comerciales, Francia e Italia.
La incertidumbre económica española durante el 2019
Las previsiones apuntan a que la economía española continuará creciendo a lo largo del 2019. Sin embargo, hay factores que resultan preocupantes, tales como la reducción de las exportaciones y el aumento de la morosidad.
El pasado noviembre, la Comisión Europea redujo las expectativas de crecimiento en España al 2,2% en 2019, advirtiendo de “una suave desaceleración en la primera mitad del año”.
Entre las buenas noticias, cabe señalar una progresiva caída del déficit en torno al 2,1%, así como una reducción del desempleo, hasta situarse en el 13,4% en 2020 –aún duplicando la media europea-.
Con el objetivo de financiar la subida de las pensiones y del salario de los empleados públicos, así como la reducción fiscal de los empleados con salario más bajo, el Gobierno tiene previsto introducir nuevos impuestos, como la tasa digital, el impuesto a las transacciones financieras, o el impuesto al diésel. Sin embargo, la ausencia de apoyos parlamentarios podría impedir la aprobación de estas medidas recaudatorias, dejando a las arcas del Estado en una situación muy comprometida.
La OCDE también se expresó en términos muy parecidos. Señaló que la economía española se encuentra a la cabeza del crecimiento dentro de la zona euro. Sin embargo, advirtió acerca de la concurrencia de varios factores de riesgo, como una tasa de ahorro familiar en mínimos históricos, una lenta reducción del déficit público y la paralización de la reducción del poder adquisitivo.
Crecimiento de los pagos incobrables entre empresas
La morosidad es uno de los síntomas que permiten anticipar con mejor precisión la evolución de la economía.
Desgraciadamente, la tasa de fallidos ha venido incrementándose a lo largo de todo el 2018, llegando a experimentar picos de crecimiento de 2 cifras en abril (+20,2%), mayo (+10,6%), junio (+10,7%) y agosto (+23,6%).
Es cierto que la tasa media aún está en niveles muy bajos –por debajo del 1,4%-. Después de todo, la morosidad había estado reduciéndose, año tras año, al abrigo de la recuperación económica. Sin embargo, el cambio de tendencia al alza constituye un motivo de preocupación, y será necesario estar alertas respecto a su evolución durante el 2019.
Entre los sectores donde está teniendo lugar este deterioro de la solvencia de los clientes, cabe destacar los servicios, el comercio y el transporte, aunque se mantienen en niveles muy reducidos.
Otros sectores como la construcción y el inmobiliario están disfrutando de una reducción de la morosidad. De hecho, el PIB del primero ha experimentado un crecimiento de casi un 22% desde los mínimos del 2014.
Riesgo de desaceleración de las exportaciones
La depreciación del euro ha facilitado el comercio exterior durante los últimos años. Sin embargo, el contexto internacional también se ha enrarecido.
A las sanciones impuestas a Rusia, se añade la reciente guerra comercial con EE.UU., protagonizada por el recrudecimiento de la política arancelaria norteamericana.
A nivel europeo, estas medidas han perjudicado notablemente al sector del automóvil, mermando la economía alemana por primera vez en varios años.
En el caso de España, el alcance de estas medidas comenzó a notarse en la industria aceitunera, y podría ramificarse en multitud de sectores.
A todo esto, se añade la incertidumbre generada por el Brexit. Recientemente, el Parlamento británico se negó a ratificar el acuerdo de salida de la UE. Esto obliga a retomar las negociaciones, y arroja más dudas sobre el porvenir de sectores como el turismo, la pesca, la alimentación, el automóvil, los bienes de equipo, el sector financiero, el comercio de servicios e incluso el mercado inmobiliario.
Sobra decir que una salida de la UE por parte Reino Unido sin acuerdo, pondría en jaque gran parte de la actividad comercial exterior de las empresas españolas, sometiendo su Tesorería a una gran presión, y dando lugar a un más que seguro repunte de la morosidad y las insolvencias empresariales.
